| Por Daniel Martinez |
El crimen y los delitos habitualmente se han considerado como un problema exclusivamente interno de los Estados y sus sociedades políticas, más vinculado a temas de falta de moral (enfoque teológico) como comportamientos contrarios a las leyes establecidas.
Sin embargo, a medida que el mundo se ha ido globalizando y los intereses de países, organizaciones y personas entran en disputa con otros, las conexiones a todo nivel, incluyendo las criminales, se han transnacionalizado, esto requiere de una integración de los asuntos meramente jurídicos hasta otras esferas: geopolítica.
El delito no se puede separar de la territorialidad, vista esta última como la disputa por un territorio. A pesar de haber surgido desde una “marginalidad” concreta, su evolución ha ido hacia distintas nuevas dinámicas e interacciones multinivel de la sociedad, tanto intra e inter: clases sociales, sectores e industrias económicas, partidos políticos, instituciones, estados-nación. Así como en las relaciones internacionales.
Así el crimen en su fase organizada, no es por tanto solo una disfunción de individuos marginados de una sociedad, sino un aparato propio del sistema. El crimen organizado deja de ser una categoría meramente penal, y pasa a ser una categoría del más alto nivel de los asuntos del Estado, como amenaza o como parte; lo que comúnmente se enmarca dentro de la territorialidad del poder: última etapa del globalismo.
Por tanto, la definición del delito sin territorio, se vuelve abstracta; y se vuelve determinista a solo un “alguien” y no a un por qué (causa) ni un para qué (motivación). De esta forma queda imposible la solución del crimen organizado y su tipología de delitos: transnacional, interclasista, penetración profunda a las instituciones, desestabilización regional, entre otros usos y motivaciones.
La seguridad estará relacionada con el Territorio y el Estado que lo administre, por tanto, es geopolítica. El auge y proliferación de zonas bajo control del crimen organizado es una forma de colonización informal (des-estatización), sin declaración de guerra ni consignas políticas.
Los territorios siguen siendo considerados como parte de la nación geográfica de un país, pero su administración pasa a manos del actor criminal, y de aquel que le facilita y propicia sus actividades, sea interno (Estado corrupto) o externo (operaciones de inteligencia de estados adversarios).
Geopolítica de la Seguridad Nacional
Cuando se habla de geopolítica debe ir de la mano y sobre la base de la Seguridad Nacional (en mayúscula), como la proyección y salvaguarda del interés de un Estado y su sociedad política. Este abordaje es debido a la necesidad de integrar y comprender componentes tanto:
- Geográfico-territorial: dónde ocurren los eventos.
- Histórico-temporal: desde/hasta cuándo, es decir, el horizonte temporal.
- Estratégico: cómo ocurre, por qué (causa) y para qué (motivación).
- Político: como requerimientos de toma de decisiones al más alto nivel de las políticas de Estado; ya que al final la geopolítica es el ejercicio político sobre la geografía.
Hay una ausencia por resolver integralmente las problemáticas de la seguridad dentro del enfoque de la geopolítica (seguridad integral hacia/desde/en el espacio geográfico), lo que conlleva a contemplar la territorialidad respecto de la amenaza y el delito consumado, como temas separados.
Los delitos deben comprenderse territorial y políticamente; éstos no deben delimitarse solo al tema de la jurisdicción (lugar) y su respectiva jurisprudencia (interpretación de la ley), de la que parten para tipificarse los delitos, sino a una cuestión de territorio, esto lleva una ampliación del enfoque, no un replanteamiento, ni un cambio.
Es decir, el delito no solo como falta/incumplimiento a la ley, sino como un fin que tiene un actor/adversario sobre el territorio.
El delito contradice la ley, pero tiene una causal territorial y si no hay control, los indicadores de seguridad del Estado se ven afectados. Y es que para hablar de seguridad se debe hablar y comprender el territorio: entendido como los límites geográficos, políticos y administrativos que separan un Estado respecto de los demás.
Entonces, al considerarse el delito, dentro del marco territorial, y este último es parte de la seguridad, se debe entender, por tanto, que los delitos (principalmente del crimen organizado) son un tema de seguridad del Estado (Seguridad Nacional).
Los indicadores de Seguridad del Estado, significa el alcance y presencia del Estado en todo su territorio, desde lo urbano hasta lo rural, sin dejar de lado puertos, fronteras, espacio marítimo, aéreo y toda la topografía que conforma su espacio y su ciberespacio. El descuidar un área se tendrá el efecto de que “una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”, y si esta se rompe, la cadena (para efectos prácticos, es una referencia al Estado), será derrotada.
En muchos países ante la creciente ola de delincuencia, consecuencia del crimen organizado en sus actividades vinculadas al narcotráfico, se busca emitir declaraciones de emergencia con base en la magnitud que se percibe respecto de estos problemas.
Esto no es algo que irrumpe con la magnitud, pero sí es un proceso que se releva de gobierno a gobierno, esto mientras se da paulatinamente un traspaso de las fronteras, cada vez más difusas entre Defensa Exterior y Seguridad Interior.
Esto da espacio tanto a injerencia como a presencia extranjera en temas de seguridad, rescate, capacitación, aunque mostrado como proyectos de cooperación desde el ámbito-esfera civil; dejándose la seguridad del Estado (vista desde la Soberanía) supeditada a poderes supranacionales intervinientes como rectores transnacionales. Esto vulnera los principios de soberanía y frontera, sin resolver el problema de la territorialidad del poder que ejerce el crimen organizado.
De este modo, es posible afirmar cómo el crimen organizado es funcional a los intereses de un actor político, sea interno, cuando el mismo Estado lo emplea como coerción para afianzarse en el poder o un actor externo como herramienta dentro de la disputa geopolítica, como parte de su estrategia disuasoria (o incluso de dislocación) contra naciones que requiere alinear y alienar a sus intereses en política internacional; principalmente las frágiles “democracias” regionales, que con la excepción de El Salvador sí están neutralizando esta amenaza. El caso salvadoreño se estudiará en un próximo artículo.
De esta manera, el salto cualitativo busca colocar en el tope de las agendas políticas el tema del crimen organizado, justificándose así otro tipo de intervenciones. Esto tiene dos características que debe estudiarse tanto a nivel narrativo-informacional como operativo:
- Planteamiento minimalista: al crimen organizado no se le atribuye las verdaderas dimensiones que se le deben atribuir, ante la omisión de elementos de complicidad incómodos de mencionar, y se quiere que sea el pueblo quien lo perciba como algunos sectores quieren que lo perciban, omitiendo el trasfondo real y operacional del problema. En resumen: este planteamiento busca ocultar, minimizar o enfatizar otras cualidades respecto de la forma en que opera el crimen organizado en una región, es el ideal para ocultar problemas económicos generados por lavado de dinero, la no-intervención en zonas donde se ha expulsado al Estado, entre otras.
- Planteamiento maximalista: asume una situación de peligro omnipresente, a partir de que el Estado así lo requiere presentar, pero desde determinados sectores, perfiles sociales específicos. Si el crimen organizado es un problema es porque el Estado lo avala y sostiene, o cuanto menos, no lo evita ni neutraliza, siendo que esto último no es parte del debate presentado por el Estado. Esto además se reduce cuando se categoriza dentro de etiquetas que sintetizan conceptos fáciles de recodar como: “mexicanización” o “colombianización”, pero esto depende del esquema operacional local del crimen organizado, en la relación Estado-crimen organizado (institucionalización) en la relación convivencia-complicidad-apoyo entre las FFAA/crimen organizado. En resumen: este planteamiento busca presentar la situación como algo peor de lo que los datos duros demuestran, es el ideal para: desviar la atención, justificar presencia extranjera, lawfare encubierto, entre otras actividades.
Los planteamientos anteriores no deben verse como los únicos a escala local/nacional, puede haber una mezcla entre ambas, según los intereses informacionales de un actor en concreto, en un momento específico.
Sobre estos planteamientos, se destaca que la agenda (des)informativa se basa en proyectar el tema desde la inseguridad ciudadana, pero solo cuando esta puede estar en un punto de afectación de otras cuestiones, en ocasiones de corte político-electorero. O en casos en los que el costo económico sí resulta preocupante para alguien y es necesario desplazar el problema u omitirlo.
Los que intentan llevar al debate soluciones terminan siendo los representantes del orden que son honestos respecto de su trabajo, ya que saben que, sin respaldo político, son incapaces de ejercer el nivel de violencia necesario para “limpiar” las zonas donde el Estado deberá luego estatalizar-territorializar su presencia.
Por su parte, el debate y agenda informativa a menudo se centra en el caso específico de menor nivel: delincuente o el narcomenudeo, pero no tanto en el lavado de dinero [más adelante se explican sus Fases] y el rol de conglomerados financieristas transnacionales en estas actividades, salvo en casos de competencia o revanchismo.
Lavado de dinero: la base de la rentabilidad del crimen organizado
El proceso del lavado de dinero tiene muchas formas, usualmente acompañado de un ilícito. El dinero negro viene de actividades lícitas en las que no se declara ni tributa. Mientras que el dinero ilícito viene de actividades ilícitas: cibercrimen, venta de drogas, trata de personas, corrupción pública (tráfico de influencias, sobornos, chantajes, etc) entre otras.
El proceso de lavado se genera según el tipo de actividad ilícita que se haya realizado, según las actividades anteriormente listadas y sus diversas ramificaciones. Por tanto, el proceso como tal conlleva dos variables clave:
- Origen del dinero, generalmente ilícito. Es decir, a partir de actividades fuera de la ley e ilegales.
- Que se quiera encubrir su procedencia. Esta procedencia puede ser tanto en su generación [actividad que produce ingresos] como en otras de lavado [transformación / integración].
Si lo anterior no ocurre, entonces no es lavado per se, a diferencia están los casos de fraude tributario / evasión fiscal, en los que la actividad no es precisamente ilegal, sino que se omite o altera su declaración ante el ente recaudador. Aunque se puede tipificar dentro de otras descripciones jurídicas, lo que afecta la pena.
El lavado se basa en tres fases:
1- Colocación:
A los fondos ilícitos se les busca lugares de distribución dentro del sistema financiero y económico formal, a nivel de red. Las actividades ilícitas generan ingresos de dinero físico (efectivo) y este a la vez, resulta en un problema de espacio respecto de su debido almacenamiento/usos. Se requiere integrarlo en el orden formal económico, para lo cual:
- Se desarrollan OOGG (organismos generados) para estos fines, tales como empresas, fundaciones, ONG u otras cuya fachada no levante sospechas.
- Inversión inicial en negocios de fachada: casinos, apuestas deportivas, bares, u otras actividades donde sea sencillo movilizar dinero.
- Introducción de dinero ilícito, vía depósitos fraccionados en efectivo, en cuentas bancarias de testaferros que no tengan antecedentes y puedan pasar por debajo del radar de las autoridades.
- Recompra de números de lotería ganadores, se rastrea el lugar donde se vendió el número y se busca a la persona.
- Colocación de capital a través de la compra/fusión de empresas, con actividad lícita: restaurantes, bienes raíces, consultoría, inmobiliarias, compraventa de ganado, joyas, ferias de arte, entre otros bienes de alto valor, etc.
Se le hace ver al sistema financiero, económico y bancario que el dinero es producido por actividades y/o negocios lícitos; es decir, se enmascara el origen ilícito.
2- Transformación:
Se aleja el origen del dinero de los movimientos ilícitos, por lo que se sigue (re)invirtiendo en: acciones, bonos, compras y/o fusiones de empresas, inversiones en bienes raíces. Entre más variado sea, es mejor, porque permite diferenciar-distanciar las manos en las que cae el dinero.
Cada una de las anteriores, comprada por nuevas S.A/S.R.L (Sociedades Anónimas / Sociedades de Responsabilidad Limitada); se aleja el origen del dinero por medio de testaferros u otros “intermediarios” adicionales. El dinero se mueve por el país o la región. Se invierte además en campañas de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) para generar un posicionamiento favorable a esos negocios/organizaciones intermediarias.
Ejemplos de actividades ilícitas dentro de esta fase:
- Transferencias internacionales entre múltiples cuentas y países con regulaciones laxas.
- Conversión de fondos a diferentes monedas o criptomonedas (Bitcoin, Monero, Ethereum).
- Creación de empresas offshore para mover capital sin levantar sospechas.
- Uso de instrumentos financieros complejos: acciones, derivados, préstamos simulados.
En esta fase, el objetivo es ocultar el rastro del dinero mediante múltiples transacciones y movimientos que dificulten su rastreo. Se busca romper el vínculo entre el dinero y su origen ilícito.
3- Integración:
Es la fase final, donde el dinero ya “blanqueado” se reintegra a la economía formal aparentando un origen legítimo. Aquí, los fondos pueden usarse libremente para inversiones o consumo.
Ejemplos de actividades dentro de esta fase:
- Compra de acciones en empresas legales, generalmente en sectores económicos muy estables.
- Inversión en bienes raíces de lujo: torres residenciales, complejos turísticos.
- Creación de negocios legítimos para justificar ingresos, y que sirvan también para justificar nuevos ingresos que deben pasar por la Fase 1 de Colocación.
- Préstamos simulados a empresas u otros OOGG vinculados para generar ingresos “legales”.
De las S.A/S.R.L como entidades lícitas en la sociedad. En esta fase el dinero está debidamente lavado y dispuesto para ser gastado. El dinero proviene de las actividades lícitas (transformación previa), y debe ser irrastreable. Los mayores lavadores de dinero son los narcos, los ciberdelincuentes y finalmente la corrupción pública.
Y es aquí donde los planteamientos minimalistas/maximalistas pueden jugar un rol importante en la percepción pública.
Debilitamiento del Estado
Este debilitamiento del Estado para establecer su soberanía de seguridad y defensa, da cabida a estructuras paralelas categorías como: mafia, cárteles, pandillas. Con narrativas de “problemas familiares” que justifican el auge y evolución de estos problemas, en una suerte de conglomerado que integra desde lo político y lo financiero, algunos con un umbral de poder suficiente para ser actores centrales en países, con influencia-injerencia de negociación tanto dentro del Estado donde están asentados, así como desde otras estructuras geopolíticas de las que, se puede afirmar, son parte.
Y es un tema que afecta al planeta entero; el origen solo depende de quién se beneficia y quién lo operativiza, ya que es un problema que no se puede leer sin elementos tanto de Doctrina Militar y acciones de Inteligencia, a modo de herramienta geoestratégica para actuación híbrida e irrestricta, con la capacidad de socavar autoridad, orden y cohesión social en otros países.
Al final del día el problema del crimen organizado es tan útil o más como grupo de fuerza proxy como lo es una ONG (de temas que polarizan a la sociedad), una guerrilla o un actor de corte religioso extremista, para actividades de un Estado contra otro sin la necesidad de declararle la guerra, y en cuyo caso la negación plausible es aplicable.
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Todo esto y ante la “guerra contra el narco”, ha provocado que este adquiera una dimensión administrativa más alta que cualquier otra actividad de las que se le vincula al crimen organizado lo que ha llevado a alcanzar objetivos de posicionamiento territorial; tal es el caso de diversos cárteles que se han unido en federaciones para “resistir” la actividad del Estado.
Pero, sin reemplazarlo, aspecto en lo que se diferencian respecto de grupos insurgentes o separatistas que sí quieren un nuevo Estado-nación en función de religión, geografía, ideales o incluso intereses exteriores, tal es el caso de Ucrania, por citar un ejemplo.
El crimen organizado opera también bajo intereses de estados (servicios de inteligencia), pero no buscan crear un Estado paralelo o “nuevo”, sino la plataforma estatal-territorial, sea para desestabilizar o apoyar-financiar otras actividades dentro de la guerra híbrida, concretamente operaciones de guerra asimétrica y acción encubiertas.
Definiendo Seguridad
Es un concepto que incluso en literatura y programas de alto nivel, civil como militar, no se suele definir de manera que tenga una normatividad. Se relega a un carácter de exceso de obviedad que hace pensar que su simple mención es inmediatamente el entendimiento de las partes en la comunicación, el emisor (profesor, instructor, decisor) como el receptor (estudiante, operador, productor).
De esta manera, se debe orientar críticamente el análisis e introducir la cualidad territorial al tema de la seguridad. Esto posibilita integrar e interpretar la seguridad como un tema también de lo geopolítico. Abordado por funcionarios policiales u otros orientados hacia el cumplimiento de las leyes, y otros que, dentro de un ordenamiento jurídico, enjuician a los imputados respecto de sus crímenes (quebrantamiento de las leyes). Ley y Orden, en corto.
Los problemas de seguridad no se define solo por los delitos (forma simple del tratamiento del problema, delimitado a la “ley”) sino por la ausencia de territorialidad que incluye: suelo físico, espacios públicos, ciudades y espacios habitacionales, transporte, vías públicas y otros espacios que, desde lo geográfico-territorial, conforma en el mundo moderno “urbano céntrico”, como elemento articulador de identidad las calles, parques, plazas, barrios, desde donde se puede proyectar organización, poder y fuerza.
Por tanto, la relevancia de la territorialidad es que el territorio es lo que define los valores, percepciones, escenarios y comportamientos de los actores incluidos (habitantes) y los relacionados (autoridades). La territorialidad no es solo el espacio físico, que también, sino los aspectos simbólicos, porque hablar de territorialidad es destacar lo simbólico: símbolos y significados.
Los espacios públicos al ser desatendidos, por miedo de los ciudadanos, que cada vez reducen el uso-aprovechamiento horario de la ciudad, a las horas laborales en el horario más “común” (mañana-tarde), y el resto del día, la ciudad pasa a ser un especio público vacío, esto es un abandono del Estado, que se profundiza en las zonas más “marginales”, lo cual no es un tema de infraestructura o gasto público, sino de (ausencia de) seguridad.
Entonces cuando países empiezan a sobregirar importancia a los “DDHH”, principalmente de los delincuentes, se rompe tanto el componente delimitador de “ley” y del todo se omite el concepto de territorialidad.
La receta perfecta para caracterizar un “estado fallido” (defiende al que lo destruye), ocurre cuando el Estado ha perdido el control estricto del territorio, y la jurisprudencia es un ejercicio de los grupos vinculados a la criminalidad; generalmente, ocurre un tipo de “estabilidad” acordada, pero no deja de ser negativa para la sociedad política local.
Este concepto engloba una percepción negativa que toda sociedad desea evitar con base en los temas de cómo el Estado se enfrenta a los desafíos y amenazas del crimen organizado [ver atrás lo de planteamientos maximalistas/minimalistas].
En casos concretos, surge la percepción errónea de que “más Estado = menos delito / narcotráfico”, pero no es así; ya que el crimen organizado como motor aglutinador de diversos tipos de delitos relacionados contra la seguridad ciudadana / nacional, se sustenta y mantiene con base en la acción del Estado que lo respalda o cuanto menos no lo combate de manera realista. Pero se vale de este, como un mecanismo para lavado de activos, sicariato contra rivales políticos, entre otras actividades.
Bien es sabido, y se espera que el lector no considere esto como una lectura “anti-estatal”, pero sí es verdad que el Estado opera en función de los intereses de cómo se conforma, si este se basa en las clases dominantes entonces así serán las políticas ejecutadas, sean o no premeditadas para forzar situaciones que favorezcan este tipo de intereses, un ejemplo es cuando zonas se vuelven No-Go, hasta que el Estado procede a “desalojar” la zona, lo cual las revaloriza, pero durante su fase No-Go, fueron adquiridas a un precio bajo, una suerte de especulación con la seguridad ciudadana.
La criminalidad y marginalidad del asunto de la delincuencia y narcotráfico son aspectos segundarios (de orden Táctico), la atención está en hasta qué punto existe la problemática en función de un interés/motivación/complicidad de parte del Estado de corte Estratégico.
Esto quiere decir que la criminalidad (crimen organizado) no es una oposición a la ley/poder, sino, una proyección de este dentro de las operaciones de guerras híbridas-irrestrictas. Lo importante es identificar: ¿quién es el que se beneficia?.
De lo físico a lo simbólico
Esta carencia de seguridad en el territorio, permite nuevos códigos simbólicos en algunos habitantes que, ante la falta de oportunidades, se orientan hacia las operaciones delictivas. El territorio tiene un significado en toda la actividad humana.
El territorio terminaría siendo por tanto el factor determinante en los valores, percepciones, comportamientos de las personas. El territorio es llevado a todas partes; es un elemento configurador de las relaciones sociales de un Estado, es decir relaciones de poder, tanto verticales (Estado como garante del control y contenedor de las relaciones) y horizontales (disputa entre aquellos que asignan un valor simbólico y disputan por este).
Por tanto, entre más relaciones horizontales caóticas se observan a niveles de casi plena impunidad, significa que, en menor medida, existe una relación vertical de poder, o al menos un desinterés, impotencia o aprovechamiento ante el caos.
Este simbolismo incluso se alienta desde esferas de “arte” y otras manifestaciones de índole cultural en series de televisión, música, cine y moda. En otras latitudes se empleó para desviar la atención sobre “mafias” relacionadas a determinadas nacionalidades (“mafia italiana”, “mafia rusa”, “mafia china”, etc.), aún y cuando los que se dedicaron a este posicionamiento en el inconsciente colectivo se han dedicado a actividades cuestionables como: esclavitud, trata de blancas, pornografía, etc.
En la calle se ve quién manda en un territorio
Acceso, recursos, intereses son los temas destacados cuando se llega a mencionar la territorialidad en el tema de la seguridad. La visión simbólica es la relación entre el lugar y sus habitantes; esto demanda la proyección de políticas públicas institucionalizadas.
En diversos países se habla de emular a Bukele, pero, en cierto modo esa política respondía a un contexto específico, unas condiciones objetivas y subjetivas muy concretas, que garantizaron el éxito operacional, y, por ende, político. Bukele visualizó un planteamiento realista (no lo minimizó ni maximizó) pero sí que lo empezó a resolver.
El código simbólico puede llevar a que las personas no perciban las actividades locales como un delito, esto normaliza la situación. Y la carga del significado es otro, que entra en contradicción contra el ejercicio del poder de un Estado que no tiene los métodos para recuperar espacios que, por su misma inoperancia, o sumisión a intereses de otros actores, ha perdido.
Esto lleva un enfrentamiento entre la “resistencia local”; se vuelve casi una operación de insurgencia, ante algo que se pudo evitar desde un principio si el Estado hubiera estado inmerso en esos Indicadores de Territorialidad desde el principio.
En conclusión, buscar delincuentes será el camino fácil, un síntoma y no perseguir la enfermedad. Se requiere intervenir en los territorios cooptados, y dotarlos de una moralidad o valores integradores sobre pertenecer al Estado de Derecho como algo mejor que estar bajo la tutela del crimen organizado.
Las políticas territoriales han estado erradas ante el auge liberal, porque esto ha fomentado recortes, desregulación y privatización, es decir, se ha dejado la inversión pública que termina por desplazar a sectores y los “empuja” a organizarse en formatos de informalidad, donde la pobreza crece y son fácilmente cooptados por el narcotráfico afín al crimen organizado.
Es por eso que ante la nueva lógica de territorialidad formada y en la que el Estado ha sido (auto)desplazado, cuando se requiera intervenir, debe hacerse desde un enfoque que contemple esto: dotar a la población de nuevos significados comunitaristas [formación de comunidad], no es solo la intervención violenta [pero tampoco se debe descartar cuando sea estrictamente necesaria].
Lo anterior viene de la mano de mejora de las condiciones materiales. Esto significa que la intervención es de TODO el Estado, posibilidad de escalar y desescalar los conflictos, aportando nuevo significado territorial. Pasar del enfoque centrado en el “efecto” e integrar la investigación de las Causas.
Esta primera parte ha sido muy extensa con la finalidad de establecer la base teórico-conceptual del tema: Delito y Territorialidad del Poder.
En la segunda parte se abordará casos, prácticas y modelos operacionales del crimen organizado.
En la tercera parte tratará sobre las consecuencias; mientras que una cuarta parte de abordaje práctico desde la Inteligencia Criminal, sus métodos e importancia contra el crimen organizado.
